Para brindar una mayor certeza en el transporte público, el gobierno de Nuevo León solicitó el apoyo de la Federación para la adquisición y manejo del servicio urbano de pasajeros.

En dicha acción, que forma parte del Plan Integral de Movilidad de la entidad, el gobierno estatal demandó una deuda por 4 mil 910 millones de pesos para la compra de todas las rutas de transporte urbano de la zona metropolitana, que actualmente están a cargo de transportistas privados.

Manuel González Flores, secretario general de gobierno, en la presentación del Plan Integral de Movilidad a diputados locales, consideró que la requisa del servicio de transporte público sería una solución viable para resolver el problema de movilidad  y acelerar la aplicación del esquema estatal.

Dijo que esto sería lo más viable; de llevarse a cabo, sería como lo marca la ley, es decir, mediante la publicación de un decreto donde se establece la requisa sobre qué rutas y qué empresas.

«El procedimiento requisa es más sencillo, burocrática y administrativamente porque nos lleva a un avalúo de no más de 90 días y una decisión llevada a cabo en no más de 150 días, por eso probablemente adoptemos ese sistema, el cual primero debe ser autorizado por el Congreso», explicó.

En cuanto al procedimiento técnico, se contempla contratar a un equipo de profesionales que verifiquen el estado físico y mecánico de las unidades, ya que no se comprarían las que tienen más de 10 años o son chatarra. Según el funcionario, todo el trabajo se realizará en total acuerdo con los empresarios transportistas.

El financiamiento extraordinario por 4 mil 910 millones de pesos, dijo, será para indemnizar a los empresarios que decidan aceptar la propuesta del gobierno local.