Derivado de la contingencia por el COVID-19, el transporte público alcanzará pérdidas por alrededor de 9 mil 800 millones de pesos, ante una reducción del 60% en la demanda del servicio a nivel nacional.
El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), estimó lo anterior basado en un estudio realizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), en ciudades de 13 estados del país.
La baja en la demanda se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio en el que se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios, como una herramienta para reducir costos de operación.
Sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25% de los costos de operación, llevando al sector a enfrentar fragilidad financiera.
Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la crisis, las pérdidas alcanzarán hasta el 40% del ingreso habitual en el mismo periodo, poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
En ese sentido, expuso que otro de los riesgos es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, se emplean 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40% adicional de otros colaboradores relacionados.
Frente a esos impactos, el ejercicio recomendó la adopción de las siguientes medidas:
1. Adoptar una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
2. Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
3. Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
4. Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
5. Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
6. Prever la recuperación de la actividad, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas, sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
7. Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
