El transporte urbano se ha convertido en una actividad de alto riesgo donde prevalece la incertidumbre jurídica, financiera y hasta la inseguridad, expuso el presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Jesús Padilla Zenteno.
Durante el 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), explicó que aún faltan incentivos fiscales para las empresas encargadas del transporte urbano, financiamiento adecuado, suficiente y estructurado para la movilidad sostenible en prácticamente todo el país.
A la fecha tampoco existe un marco legal para la ágil formalización y profesionalización de empresas operadoras del transporte urbano.
El también director general de Grupo CISA, dijo que las autoridades de movilidad tienen tendencia a realizar políticas públicas sin consultar a los integrantes del sector.
Además, de que existe un sobrediagnóstico de los problemas que existen en torno a la movilidad, pero, al mismo tiempo, una tendencia reactiva, “como si estuviéramos anestesiados”.
Ello porque en el transporte hay múltiples ordenamientos legales y andamiaje jurídico por cumplir, mientras en las empresas abundan los procesos, indicadores, comités, y aún así, se avanza lentamente.
Por su parte, el presidente de la AMAM, Ricardo Serrano, señaló que no se entiende la movilidad sin el amalgamamiento del sector privado y los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.
Subrayó que para seguir creciendo a nivel nacional es necesaria la construcción de “marcos de financiamiento, esquemas tarifarios y subsidios que den certidumbre”.
Adriana Lobo, directora de presencia global y acción local del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), consideró indispensable avanzar en la creación de instrumentos económicos y financieros para descarbonizar el transporte público.
Urgió, también, a avanzar en una política nacional de transporte sólida, donde los estados tengan apoyo y puedan trabajar en conjunto con el Gobierno Federal.
