Con 450 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal en materia de Hidrocarburos, que establecen mayores sanciones a delitos,  en los que estén involucrados franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

Las nuevas disposiciones señalan que los gasolineros que ejerzan el huachicol se incluirán en una lista negra que publicará la Comisión Reguladora de Energía, y quedarán excluidos de solicitar nuevos permisos durante un periodo de entre tres meses y 15 años.

En materia de transportación, los titulares de permisos de distribución y traslado de combustibles deberán incorporar un dispositivo de geolocalización en todos los vehículos utilizados para el desarrollo de sus actividades.

En la fundamentación, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que el robo de combustibles es un problema que afecta directamente a las finanzas del estado, ya que se ha creado un mercado paralelo que está legalmente establecido y se ha enraizado en la cultura popular del país, “al grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversación cotidiana y un tema permanente en la agenda pública nacional”.

Dijo que este problema no es nuevo, pero ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con estimaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante los últimos 10 años este hurto aumentó en 868 por ciento.

Según datos de Pemex, hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente son 20. Entre 2013 y 2017 se descubrieron 28 mil 76 en el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581. Sólo las del año anterior, representan poco más del 40% de las reportadas en cuatro años.

Ortega Martínez mencionó que el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances. Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia es la compra de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, afectando a la industria legalmente establecida y al erario público.

Por su parte, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz señaló que el robo de hidrocarburos no únicamente afecta al mercado formal y la correcta comercialización del combustible, sino también a la industria y al erario público. Según algunas estadísticas, en promedio, por cada dos horas y aproximadamente cada 3.5 kilómetros de los ductos, los delincuentes perforan para extraer gasolinas, diesel, gas, crudo o petroquímicos, comercializados a través del mercado negro.

En tanto, Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, reconoció la estrategia del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos; sin embargo, lamentó el plan ante el desabasto de combustible “por una serie de errores producto de decisiones no acertadas. Se estima que el costo fue cercano a los 40 mil millones de pesos, el cual afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo. La compra en Estados Unidos de los autotanques por adjudicación directa, ascendió a 92 millones de dólares”.