Impacto negativo por importación de vehículos pesados usados

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Por cada 100 vehículos nuevos, ingresan 46 unidades chatarra al país así lo estimó Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de ANPACT, precisando que los vehículos pesados usados que se importan desde Estados Unidos recientemente han tenido un incremento pronunciado y muy preocupante.

Al cierre de 2023, llegaron al país 20,139 unidades de este tipo, 12,068 más que el mismo periodo de 2022, es decir, se incrementó 149.5% en la comparación interanual.

En ese sentido, Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ANPACT, subrayó que desafortunadamente esta nociva práctica de importación de vehículos pesados usados se ha acelerado en el primer trimestre de 2024.

De enero a marzo, se importaron 8,210 unidades usadas, lo que significó aumentos de 166.1% contra el mismo periodo de 2023 y de 377.6% respecto a los tres primeros meses de 2022.

“Esta situación representa un retroceso en términos medioambientales y de seguridad vial, al tiempo que impacta negativamente en la planta productiva y la creación de empleo en México”, indicó.

Por ello consideró que, para abordar este problema, se requiere actualizar el Acuerdo Ambiental coordinado entre la Secretaría de Economía y SEMARNAT, a fin de asegurar que los vehículos importados cumplan con estándares adecuados de seguridad y ambientales.

Además, es importante destacar que la industria productora de vehículos pesados en México está comprometida con el respeto a la ley y las normativas aplicables.

En ese sentido refirió que en cuanto al tema del suministro de combustible, se destaca la importancia de impulsar el suministro estratégico de Diésel Ultra Bajo en Azufre (DUBA) en todo el país, especialmente en áreas clave como las principales ciudades, polos industriales y ejes carreteros, para garantizar que los transportistas puedan abastecer sus unidades de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Además, hizo hincapié en la necesidad de políticas públicas que incentiven la renovación de la flota vehicular por unidades más nuevos, en lugar de vehículos más viejos o importaciones de «chatarra». Esto es fundamental para mejorar la edad promedio de la flota que actualmente es de 19 años y promover una movilidad más segura y eficiente.

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