La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), detectó posibles obstáculos regulatorios a la libre competencia y participación en el servicio de transporte de carga en diversos estados, por lo que exhortó a autoridades y legisladores de todas las entidades a crear marcos jurídicos pro competencia, que permitan mayores oportunidades de desarrollo económico, eliminen privilegios de unos cuantos y generen mayor bienestar a los consumidores.
 
La COFECE investigó y conminó previamente a las autoridades de Sinaloa a reformar su Ley de Tránsito y Transporte ya que segmentaba el mercado del servicio de transporte público de carga general, así como de materiales para la construcción y productos agrícolas, además restringía la oferta, otorgaban ventajas indebidas; concedían amplia discrecionalidad a la autoridad en el otorgamiento de concesiones y permisos, así como en la fijación de tarifas.
 
El organismo, con facultades para recomendar mejoras regulatorias, reconoció la voluntad de las autoridades sinaloenses que aprobaron una nueva legislación el 8 de junio. La reforma establece nuevas reglas que propiciarán condiciones más favorables para el funcionamiento eficiente del autotransporte de carga, “que podrá traducirse en más oferta, precios más bajos y mejoras en calidad en beneficio de múltiples cadenas productivas”.
 
LA COFECE precisa que “en México es tarea pendiente favorecer las condiciones de competencia en los mercados del servicio público de transporte de carga en varios estados del país”. A partir de una revisión emprendida por la Comisión, se detectaron estos posibles obstáculos regulatorios:

Impiden a los agentes económicos proveerse a sí mismos del servicio de transporte de carga: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco.

Restringen el número de concesiones o permisos por titular: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Otorgan “permisos de zona”, es decir, autorizan a los distintos concesionarios la prestación del servicio únicamente en zonas geográficas determinadas: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Tabasco y Chiapas facultan al Ejecutivo para suspender, de forma discrecional, el otorgamiento de concesiones o permisos; y Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz para fijar o modificar tarifas.

Establecen criterios de preferencia poco objetivos, o favorecen a los locales, en el otorgamiento de concesiones y permisos: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Fijan reglas que propician conflictos de interés, por ejemplo, permiten la participación de privados en decisiones regulatorias: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero y Zacatecas.