Organizaciones del sector expusieron que de continuar con la sobrerregulación que actualmente existe para las empresas del ramo, como el reglamento de tránsito homologado en los 11 municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), se generarían impactos económicos para las compañías y hasta para el consumidor final.
“Este problema afecta a toda la cadena de valor del sector, la sobrerregulación incrementa los costos directos y genera incentivos perversos que empujan los precios a la alza. Esto impacta en la capacidad de los transportes para ser competitivos e invertir, lo cual afecta a todo el mercado del transporte y la economía nacional. La solución es un marco regulatorio que dé certeza jurídica”, aseguró Miguel Elizalde, presidente de la comisión transportes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).
Es absurdo e ilógico que los municipios sólo establezcan permisos para transitar fijando altos montos económicos solo con fines recaudatorios, resumió Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Rogelio Montemayor, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), recordó que empresas del ramo se han amparado para no acatar dicho reglamento, lo que además representa una carga adicional para los transportistas.
Durante el Foro “Sobrerregulación en el autotransporte de carga y su impacto económico”, el análisis sobre el tema arrancó con la participación de Olímpia Hernández, directora jurídica de la Canacar, quien ganó el segundo lugar del Premio -otorgado por la Comisión Federal de Competencia (COFECE)- para Identificar el Obstáculo Regulatorio más Absurdo para Competir y Emprender, al exponer a los reglamentos de tránsito y vialidad de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Juárez, Santiago y Monterrey, en Nuevo León.
Los investigadores catedráticos de la UNAM, María de los Ángeles Fromow y Daniel Márquez, explicaron que esta normatividad viola los derechos de libre comercio, invaden esferas de competencia y chocan con reglamentos constitucionales.
Por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lourdes Semaan, directora general adjunta del transporte de la DGAF, dijo que la implementación de estas medidas no necesariamente reduce el tráfico ni aumenta la seguridad vial.
José Luis Fuentes Pochat, ex presidente de la comisión de transportes de la CONCAMIN, se unió al tema junto con Amalia Espinosa, directora de la industria automotriz de la Secretaría de Economía; Alejandro Faya, comisionado en COFECE; Uriel Joffre, director general de Grupo Transportes y Ernesto Estrada de AGON.