Organizaciones de la sociedad civil presentaron a legisladores una propuesta de Ley General de Seguridad Vial, con el fin de avanzar en la creacion de una estrategia nacional para reducir las muertes y lesiones graves por accidentes en las calles y carreteras del país, factor que llega a representar pérdidas de hasta el 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento entregado este lunes a senadores y diputados, en el evento presidido por Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, advierte que esta iniciativa es un primer paso para reducir la tasa de mortalidad vial que asciende a 16 mil personas fallecidas al año, en promedio, convirtiéndose en una de las primeras causas de muerte en territorio nacional y es un grave problema de seguridad y salud pública.

Por otra parte, señala que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de niños y niñas mexicanas entre los 5 y 9 años; y las lesiones por accidentes de tránsito son la segunda causa de mortalidad entre jóvenes mexicanos entre los 20 y 29 años.

De ahí que la Ley tiene como propósito la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas de todo el territorio nacional, mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas viales seguros y que abone al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México como el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovida por las Naciones Unidas.

Entre las asociaciones participantes, están CESVI México, Bicitekas, Céntrico, El poder del Consumidor, ITDP México, Reacciona por la Vida, WRI México, AMTM, Automex, entre otros, como activistas y especialistas en movilidad, transporte y seguridad vial y sector privado en un esfuerzo de más de cuatro años para construir una legislación que permita la coordinación entre diferentes ámbitos de gobierno para garantizar el derecho de los mexicanos a la vida y a la salud durante su tránsito por calles y carreteras del país.