Ante el crecimiento de los índices de los hurtos en las carreteras del país hacia este sector, Daniel Torres Cantú, secretario de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa en la que pide que se reformen los artículos 286 y 376 del Código Penal Federal, para que sea de facultad exclusiva del Ministerio Público Federal conocer las denuncias vinculadas a este delito.
Asimismo, solicitó que se incremente la pena de siete a 15 años de prisión cuando el robo sea al vehículo o a sus componentes (remolques, semirremolques o la propia carga) que cuenten con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para operar servicios de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo.
El diputado federal por Nuevo León explicó que en la actualidad el robo a vehículos pesados se tipifica por el Código Penal Federal cuando se comete en caminos o carreteras de la jurisdicción del camino federal, sin embargo, cuando la unidad es retirada fuera del derecho de la vía, se tiene que denunciar en el Ministerio Público local.
Recalcó que lo anterior ha beneficiado la operación de la delincuencia organizada, ya que efectúan los robos fuera de la jurisdicción y en muchas ocasiones los vehículos son localizados en una entidad y la carga en otra, lo que imposibilita que se tengan la información exacta de este delito.  Además, de que los transportistas se ven frenados, ya que no sólo son víctimas del acto, sino también se tienen que enfrentar a los procesos burocráticos de cada región, por lo que es pertinente que este ilícito sea conocido exclusivamente por la instancia federal.
El transportista, argumentó, presta un servicio amparado por el gobierno federal, autorizado para utilizar caminos y puentes federales, que al final del ciclo es el móvil para garantizar por parte del Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la competitividad y fomentando el crecimiento económico del país.
Razón que, indicó, justifica ampliamente que sean las autoridades federales a quienes corresponda combatir esta violación; “debemos tomar en consideración que el daño patrimonial que se ocasiona repercute contra un sector importante de la economía nacional”, enfatizó el secretario de la Comisión de Transporte.