Un grupo de organizaciones civiles demandan ante la Cámara de Diputados la aprobación de la propuesta de Ley General de Seguridad Vial en el actual periodo de sesiones. La exigencia la realizan personas disfrazadas de “muertos del futuro”, son 16 y cada uno representa a 1,000 personas que morirían el año próximo en hechos de tránsito de no aprobarse esta legislación.
 
La propuesta de ley fue presentada el 27 de septiembre, por el diputado Jonadab Martínez, presidente de la Comisión Especial de Movilidad; el documento resume el trabajo de más de cuatro años de diversas organizaciones y expertos de seguridad vial y movilidad urbana.
 
Actualmente esta propuesta se encuentra en las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a espera de dictamen y en la Comisión de Presupuesto para opinión; los promotores de la ley buscan que los dictámenes sean positivos con el objetivo de pasar a votación al pleno antes de que concluya este periodo de sesiones, a mediados de diciembre.
 
Los representantes de las organizaciones Bicitekas, CAMINA Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, Céntrico, Cletofilia, Comisión de Movilidad de COPARMEX Ciudad de México, El Poder del Consumidor, ITDP, México Previene, MovAC, Peatónito, Reacciona por la Vida, así como la Alcaldía de la bicicleta de la CDMX, enfatizaron que México es signatario del Decenio por la Seguridad Vial y no puede eludir más la responsabilidad del país para prevenir eficazmente las muertes por hechos de tránsito.
 
La Ley General de Seguridad Vial tiene como objetivo regular el sistema de Seguridad Vial en el territorio nacional con el fin de: 1) Crear un Observatorio de Seguridad Vial; 2) Mejorar la infraestructura vial; 3) Lograr conductas seguras de usuarios y vehículos con sistemas de seguridad; 4) Hacer eficiente la atención médica pre hospitalaria y 5) Coordinar efectivamente políticas públicas a través de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, como lo dicta el compromiso que firmó México con el Decenio de la Seguridad Vial en el año 2011, en donde se planteó la meta de reducir el 50% las muertes por hechos de tránsito.