Este día, el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales, a través del pago de mil pesos por trámite e identificación con calcomanías. Incluiría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas y remolques.

Con ello, se otorgará derechos mediante un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California contraviene el marco jurídico federal, por lo que Implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

De esa manera, dijo, será sistematizado un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país.

“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”, afirmó.

Ante ese impacto, la Industria Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y AMDA hicieron un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Arturo Herrera, titular de de Hacienda y Crédito Público, “para hacer respetar el Estado de Derecho de nuestro país, ya que de legalizarse los vehículos “chocolate”, el gobierno de Baja California viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras.

Cabe recordar que el 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones:

-Verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos
– Negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Por otra parte, cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

El gobernador de la entidad,  Jaime Bonilla Valdez, remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la «Iniciativa de Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California».