El Centro Mario Molina (CMM) aboga por un enfoque regulatorio integral a través de herramientas regulatorias consolidadas que den certidumbre institucional en la vigilancia y mitigación de los amplios costos sociales que generan los “autos chocolate”.

En un comunicado, la institución señala que el 29 de marzo de 2019, se publicó el decreto presidencial que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”.

Independientemente de la renovación del decreto; el incremento en el número de amparos, de vehículos que no cumplen con los términos de importación y en el flujo de automóviles importados por la frontera con los Estados Unidos, reflejan la alta vulnerabilidad de este instrumento regulatorio.

Desde 2005 a la fecha han entrado millones de vehículos usados a México, limitando la introducción de tecnologías más limpias e impactando directamente en la calidad del aire en el país.

Los autos usados importados ilegalmente o “autos chocolate”, representan una solución engañosa para las personas y jamás serán el remedio para satisfacer las necesidades de movilidad dentro de las ciudades mexicanas.

Los vehículos viejos exportados a los países en desarrollo aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica urbana, consumen más energía y disminuyen  las condiciones de seguridad en carreteras.

Cada vez es más latente poner énfasis en la necesidad de enfocar las posibilidades de desarrollo nacional en un crecimiento verde. Económicamente hablando, controlar la importación de autos usados de mala calidad impulsaría el mercado doméstico y se evitarían tanto emisiones como costos sociales y de infraestructura. Costos que actualmente debilitan el crecimiento económico de nuestras zonas metropolitanas.

Ante uno de los retos más relevantes al que nos enfrentamos como sociedad mexicana en materia de seguridad energética, ambiental, de salud pública y de competitividad económica, el Centro Mario Molina aboga por un enfoque regulatorio integral.