La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores  (AMDA) exigen a las autoridades fiscales y aduaneras la aplicación irrestricta de la ley y una revisión detallada de las prácticas ilegales que han permitido la entrada de vehículos que incumplen con el decreto que regula la importación usados, vigente desde julio de 2011.
En un comunicado dirigido al Congreso de la Unión y la opinión pública, ambas asociaciones señalaron que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) establece los requisitos para la importación de autos usados y un cronograma de apertura, con base en la regla de origen -que deben cumplir los autos usados y nuevos-, la cual indica que “todo vehículo usado importado al amparo del Tratado deberá cumplir con la regla de origen de vehículos, lo cual implica que el exportador debe acreditar que el 62.5% de los componentes del vehículo en cuestión son originarios de la región de Norteamérica, porcentaje calculado bajo la metodología ‘costo neto con rastreo'”-
 Esta regla de origen es la única en el TLCAN que establece la rastreabilidad de los componentes, y por ende, adicionalmente al porcentaje referido, establece la obligación de hacer auditorías al proveedor de “partes esenciales”, así como acreditar que conservó durante un periodo de 5 años después de la fecha de la firma del certificado, los registros relativos al origen del bien en términos del Artículo 505 del TLCAN, como parte de las mencionadas auditorías a proveedores.
México decidió permitir la importación de vehículos usados que no pudieran acreditar la integración de valor para cumplir la regla de origen, pero que hubieran sido manufacturados en cualquiera de los países integrantes del TLCAN, mediante el pago de un arancel de tan sólo el 1% para vehículos destinados a permanecer en la franja y región fronteriza, y del 10% para aquellos a ser importados en forma definitiva al resto del país.
“No obstante, es necesario recordar que este Decreto fue burlado por los importadores mediante amparos de la justicia federal, lo cual les permitió importar chatarra, vehículos siniestrados, vehículos robados en Estados Unidos y la evasión del pago de aranceles”.
En opinión de la industria automotriz, los legisladores federales deben de ponderar el fortalecimiento de la economía formal, el respeto a la legalidad, los derechos de los consumidores y el cuidado del ambiente por encima de la protección a grupos que defienden privilegios indebidos.