Evalúan medidas legales contra decreto que legaliza vehículos usados

Organismos de la IA evalúan medidas legales contra decreto

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Ante la publicación del Decreto que legaliza más vehículos usados en 10 entidades del país, mejor conocidos como “chocolates”, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) evalúan medidas legales para evitarlo. Lamentaron que el gobierno federal no haya tomado en cuenta su opinión como lo había prometido. 

Es de resaltar que el Decreto no contempla vehículos pesados usados. Al respecto, Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reconoció como positivo que no se hayan incluido este tipo de unidades porque, tan sólo de enero a noviembre del 2021, la importación de pesados usados “creció 7.5% que el mismo periodo del 2020, siendo el año con mayor número de importaciones desde 2014. Sin duda es un tema que se debe abordar desde raíz solucionando las razones por las cuales se realizan estas importaciones de autobuses y camiones usados”.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), precisó que los vehículos usados a los que se refiere dicho Decreto deben inscribirse al Registro Público Vehicular y que no podrán regularizarse autos que estén relacionados con reporte de robo, y que por sus características técnicas tengan restringida su circulación en el país de procedencia o México. Tampoco se contemplan vehículos de lujo o deportivos, ni los que incumplen con condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente.

Consideró que podrían retomar la comunicación con las autoridades debido a que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debe emitir las reglas generales de comercio exterior para cumplir el programa de regularización de los vehículos.

“Hemos hecho ya del conocimiento formal de la autoridad para que se mejore el procedimiento, el ambiente de este esquema de regularización y, en cierta forma se permita atenuar el impacto negativo que tendrá la regularización de vehículos ilegales no únicamente para el sector automotor si no para el resto de la economía, para la sana convivencia de la sociedad en aquellos Estados en los cuales se aplicará la regularización”, subrayó. 

Virginia Olalde opinó que es relevante que la industria participe en la elaboración de reglas secundarias derivadas de este decreto, especialmente para que los vehículos que se regularicen realmente cumplan los mismos estándares que los comercializados en México. “Con ello podemos tener una mejor seguridad vial, mejor medio ambiente y un parque vehicular con una edad menor. Nos hubiese gustado tener mayor comunicación con las autoridades; estábamos esperando formalizar el acuerdo para tener un grupo de trabajo, sin embargo no se ha llegado a abrir ese canal de comunicación”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya, expresó su desacuerdo en que sea por regularización de este tipo de vehículos usados que el gobierno federal busque apoyar a la población de escasos recursos para tener un automóvil.

Dijo que regularizar lo ilegal afecta la imagen no solo de la industria automotriz sino al país. “Vemos con preocupación que este Decreto se lance sin establecer medidas de control para las futuras importaciones ilegales o la introducción ilegal de vehículos a nuestro país.

Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), comentó que esperan participar en las reglas secundarias que emitirá el SAT para incidir en factores como la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente. Lamentó que por cada vehículo usado que llega al país “dejamos de aportar nosotros como industria una pieza, una parte, un sistema, y todo esto implica también un daño a la base laboral”.

Alberto Bustamante, director general de la INA, destacó que es necesaria la aprobación del proyecto de Norma Oficial Mexicana 236-SE-2020, que establece las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no exceda 3,857 kg. para circular bajo condiciones de seguridad en el territorio nacional.

 

 

 

 

 

 

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