Luego de que el gobierno de Tamaulipas y su Congreso anunciaran que buscan brindar engomados a los vehículos usados importados ilegalmente, con la finalidad de tener un mayor control, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se pronunciaron en contra, ya que es una regularización que atenta contra el marco jurídico del país.
 
Guillermo Rosales, director General Adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de estos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta.
 
En su opinión, Eduardo Solís, presidente de la AMIA informó que la justificación del gobernador de Tamaulipas de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la
internación y comercialización de vehículos “chuecos”.
 
Ambos organismos enfatizaron que está decisión transgrede la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, por lo que demandan al gobierno de Tamaulipas que cumpla con los compromisos vigentes que firmó en 2015 y 2016 con el gobierno federal para acabar con este problema y no alentarlo.
 
AMDA y AMIA solicitan a José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como a Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT, y a Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación que intervengan en el ámbito de sus facultades para frenar esta engañosa regularización de vehículos “chocolate”.