La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) rechaza el otorgamiento del engomado foliado a propietarios de «unidades de contrabando», anunciado por el gobierno de Baja California de realizar un diagnóstico de vehículos irregulares en la entidad.

Implementar dicho programa, a decir de Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la AMDA, se convertirá en un mecanismo viciado de origen al intentar combatir actos ilegales con otro del mismo origen.

Explicó que, de llevarse a cabo, el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid estaría quebrantando también el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Federal, celebrado entre Baja California y la Secretaría de Hacienda, lo que podría afectar el flujo de recursos de la Federación a dicha entidad.

En una carta enviada al mandatario estatal, el dirigente de los distribuidores de autos dijo que resulta poco comprensible intentar resolver un problema de seguridad mediante un mecanismo que contraviene lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Aduanera y la de Comercio Exterior, así como pasar por encima del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Registro Federal Vehicular y la Ley sobre Metodología y Regulación.

«No es posible consentir, tolerar y hasta pretender premiar mediante certidumbre de la posesión del bien obtenido mediante contrabando en México, cualquiera que fuese el nombre del programa establecido por la autoridad estatal, sea censo, registro o diagnóstico», escribió en la misiva.

Agregó que al permitir la estadía y circulación de unidades de contrabando, únicamente provocaría un aumento en la sobre oferta de este tipo de vehículos.

De acuerdo con el gobierno de Baja California, el objetivo del programa es contar con un padrón vehicular que ayude a identificar estos vehículos; conocer estadísticamente la magnitud de esta problemática; y establecer acciones preventivas tendientes a reducir el uso de este tipo de unidades en la comisión de delitos.

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