La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene en sus manos la posibilidad de revertir el decreto que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera, una medida que ha debilitado al mercado formal, ha reducido los ingresos fiscales y ha favorecido prácticas ilegales que incluso benefician al crimen organizado.
La industria automotriz formal en México enfrenta un deterioro creciente, impulsado por la vigencia de este decreto, extendido hasta 2026 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su derogación representaría un paso decisivo para combatir la informalidad y proteger al mercado legalmente establecido.
Así lo advirtió Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), al señalar que hasta el momento no se ha publicado información actualizada sobre la cantidad real de unidades regularizadas, lo que añade opacidad a un fenómeno con profundas implicaciones fiscales, comerciales y de seguridad pública.
El organismo recordó que, si bien la medida buscó en su origen ofrecer certeza jurídica a los propietarios de vehículos ilegales —particularmente en la frontera norte—, hoy representa un obstáculo directo para la venta de unidades nuevas y seminuevas dentro del marco legal.
En este contexto, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de AMDA, subrayó que no basta con restringir la oferta de estas unidades, sino que es necesario también estimular la demanda: facilitar el acceso al crédito, ofrecer esquemas de financiamiento atractivos y erradicar la competencia desleal del contrabando.
“Con un entorno regulatorio claro y equitativo, el mercado automotor mexicano tiene el potencial de alcanzar hasta 2 millones de unidades vendidas al año, muy por encima del promedio actual de entre 1.1 y 1.3 millones”, afirmó.
“Derogar el decreto vigente es una medida urgente para frenar el deterioro del mercado automotriz formal y proteger miles de empleos dentro de la cadena productiva nacional”, concluyó.
