El sector gasolinero mexicano podría enfrentar uno de los cambios regulatorios de mayor alcance de los últimos años debido a que actualmente, se está analizando la actualización de la Norma Oficial Mexicana sobre Sistemas de Recuperación de Vapores.
Estas obligaciones se extenderían a prácticamente todo el país, obligando a las gasolineras a realizar inversiones de entre 5 mil y 8 mil millones de pesos en nuevos equipos.
De acuerdo con un análisis de PETROIntelligence, actualmente alrededor de 3 mil estaciones de servicio están sujetas a esta regulación. Con los cambios previstos, el gremio estima que la cifra podría alcanzar aproximadamente 9 mil estaciones.
Esto significaría que cerca de 6 mil gasolineras adicionales tendrían que incorporar sistemas para evitar que parte de los vapores generados durante el manejo y despacho de gasolina termine en la atmósfera.
En términos sencillos, cuando una estación recibe gasolina o un automóvil carga combustible se generan vapores que pueden liberarse al ambiente. Los Sistemas de Recuperación de Vapores permiten capturarlos y reducir estas emisiones.
Para Alejandro Montufar Helu, CEO de PETROIntelligence, el desafío no estaría únicamente en ampliar la regulación, sino en asegurar que su implementación sea ambientalmente efectiva y económicamente viable para las estaciones de servicio.
“Estamos hablando de una transformación que podría involucrar a casi 6 mil estaciones adicionales y requerir inversiones multimillonarias.
Por ello, la discusión debería ir más allá del cumplimiento: se necesita asegurar que los recursos realmente se traduzcan en una reducción de emisiones al ambiente y, cuando sea posible, también en beneficios económicos para las estaciones”, señaló Montufar Helu.
Soluciones eficientes y rentables
PETROIntelligence considera relevante analizar tanto los tiempos de implementación como las características de los equipos que deberán utilizar las estaciones.
No todos los sistemas funcionan de la misma manera: mientras algunas tecnologías eliminan los vapores recuperados quemándolos, hay otras más eficientes y rentables que permiten transformarlos nuevamente en producto aprovechable, redundando en beneficio para las estaciones que deciden adoptar este tipo de soluciones tecnológicas.
De acuerdo con el análisis, en este último caso la inversión que se haga en el equipo podría llegar a recuperarse en un periodo estimado de tres a cinco años, dependiendo de las características y operación de cada estación.
“El objetivo debe ser encontrar un equilibrio. México puede avanzar hacia una reducción efectiva de emisiones, pero la regulación debe procurar que las inversiones realizadas por los empresarios tengan resultados ambientales comprobables y sean sostenibles desde el punto de vista económico.
De lo contrario, corremos el riesgo de convertir una medida ambiental en una obligación que no cumpla con los objetivos medioambientales”, agregó Montufar Helu.
La posible modificación ampliaría progresivamente la aplicación de estas medidas a las 32 entidades federativas, convirtiendo una obligación actualmente concentrada en determinadas zonas metropolitanas y corredores industriales en un esquema de alcance prácticamente nacional.
