Falta un laboratorio que certifique blindaje en México

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La falta de un laboratorio autorizado en México que valide la NOM-142-SCFI-2000 de blindaje automotriz obliga a las empresas, en sus diversas modalidades, a trabajar con productos validados con normas extranjeras.

De acuerdo con integrantes del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), los certificados que se emiten en el extranjero tardan meses y esta situación se presta para que las “empresas” de blindaje de dudosa calidad pongan en riesgo la vida de los usuarios.

Verónica Damián, presidenta de la comisión de ética y justicia del CNIB, dijo que si en México hay una normatividad, se debería contar con un laboratorio que la avale, de lo contrario, la normativa solo se queda en el papel, incluso se ignora.

Ricardo Caballero, presidente de la comisión de normas y certificaciones del CNIB, señaló que en Latinoamérica y Estados Unidos se basan en la norma de la NIJ (National Institute of Justice), cuya reglamentación es actualmente la 0101.06 y es la que se toma como punto fundamental para cumplir con las resistencias balísticas.

“Si usted compra un chaleco de una empresa que no está avalada y le ofrecen un producto por el 50% del valor real de un producto de mercado, es su vida la que pone en riesgo. Adquirir algún producto blindado debe ser un acto de responsabilidad, por lo que hay que verificar bien a la empresa que le va a comprar algún tipo de blindaje”, indicó.

René Fausto Rivera Arózqueta, presidente de la comisión ejecutiva del CNIB, explicó que en México existen dos tipos de regulaciones; la norma que rige a las empresa de blindaje ante la Dirección General de Seguridad Privada, obligatoria desde 2008 que implica la expedición de una carta autentificación y colocación de placa metálica en poste B para los vehículos blindados y la Norma Oficial Mexicana la NOM-142-SCFI-2000, la cual esta publicada pero no es exigible según diversas respuestas a información pública por parte de la Secretaría de Economía.

Rivera señala que esta situación se presta a que muchas empresas no se registren en la DGSP y trabajen al margen de la ley sin ningún control.

 

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