Nuevos retos para la seguridad privada

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Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) y las 32 organizaciones nacionales e internacionales que la conforman, prevén una recuperación paulatina del 1% mensual en los próximos 2 años.

Los retos para las empresas de seguridad privada han sido constantes, ya que como actividad esencial debieron adecuar y superar el estándar de sus propios protocolos de seguridad e higiene ya establecidos, aumentando los gastos de operación en alrededor del 33%, al mismo tiempo que debieron soportar pérdidas cercanas al 25%, aproximadamente.

La industria de la seguridad privada reincorporó a más de 200 mil elementos operativos y especializados (35% de la fuerza total, integrada por más 600 mil elementos a nivel nacional), para atender a los sectores que se reintegraron a la actividad a partir del lunes 1 de junio.

“Hemos participado en coordinación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para ejecutar la estrategia de reactivación gradual y progresiva que permitió reabrir sectores económicos muy importantes para nuestro país como son la minería, la industria automotriz y aeroespacial, la fabricación de transporte, manufactura de autopartes, venta de bicicletas y producción de cerveza, entre otros”, señaló Armando Zúñiga Salinas, coordinador general de ASUME.

En la industria de la seguridad (integrada por cuerpos de seguridad, custodios de mercancías, traslado de valores, alarmas y video-vigilancia, rastreo satelital, control de acceso biométrico y analógico, blindaje, entre otros), nos adaptamos rápidamente con resultados muy favorables de reconversión.

La industria de la seguridad privada, que se operado todos los días durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, retornó al lado de sus clientes en una “nueva normalidad” con los más altos estándares en la ejecución de protocolos de seguridad e higiene.

Por último, en ASUME consideramos que esta nueva normalidad tiene una premisa compleja pero inevitable: avanzar en solidaridad hacia una recuperación económica en la que la prioridad sea preservar la salud y evitar una crisis social.

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