La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha expresado su enérgico rechazo a la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.
La AMDA considera que la propuesta de designar a jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, lejos de proporcionar certeza jurídica, incrementa la discrecionalidad en las decisiones judiciales y politiza el proceso de selección de estos cargos, sin establecer criterios objetivos para asegurar la idoneidad de los perfiles.
El organismo precisa que uno de los puntos más críticos es el posible debilitamiento de la carrera judicial. Según la AMDA, esta carrera ha sido fundamental para garantizar la especialización y capacitación de los juzgadores en México, constituyendo un pilar esencial para el funcionamiento del sistema judicial.
“La iniciativa de reforma al Poder Judicial, tal como está planteada, pone en grave riesgo estos avances, lo que a su vez podría afectar el derecho humano al acceso a la justicia”, puntualiza la AMDA.
Expone AMDA riesgos para la independencia judicial y la inversión
La AMDA también advierte que la reforma podría hacer al Poder Judicial más vulnerable a la influencia del Ejecutivo y de grupos con poder económico o criminal. Esto podría agravar los problemas de injusticia en el país en lugar de resolverlos.
Para las empresas, la reforma representa un riesgo significativo, por ello, la AMDA subraya que esta medida podría poner en peligro la viabilidad de las inversiones en México, especialmente en el ámbito fiscal, donde ya existe un abuso de las facultades de control por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además de que la reforma podría dificultar aún más la obtención de garantías de imparcialidad en controversias jurídicas legítimas.
Finalmente, la AMDA sostiene que la reforma al sistema judicial, tal como está propuesta, no resolverá los problemas actuales del acceso a la justicia. En lugar de mejorar la situación, podría hacer más vulnerables a los grupos más débiles, inhibir la inversión y fortalecer a actores con intereses contrarios al bienestar social.
Por ello, la Asociación hace un llamado a reconsiderar la propuesta para evitar la destrucción institucional y promover un estado de convivencia social más justo y equitativo.
