La Electro Movilidad Asociación (EMA) señaló que más allá de las decisiones políticas sobre combustibles, urge consolidar políticas públicas claras y de largo plazo para impulsar la electromovilidad, la cual favorece el medio ambiente y la innovación.
Para la EMA, es crucial que el gobierno federal y otras autoridades impulsen estrategias que promuevan la transición ordenada y sustentable hacia energías limpias.
Eugenio Grandio, presidente de la EMA, destacó que los usuarios y las empresas ya están adoptando la movilidad eléctrica como una solución real para un futuro sustentable.
Por ello son necesarias políticas públicas que fortalezcan la infraestructura de recarga e incorporar incentivos para aumentar la adopción de vehículos eléctricos.
Control de combustibles
La EMA analizó también el impacto del control de precios en los combustibles y sus implicaciones para el mercado.
“Expertos afirman que el control de precios podría incentivar el crecimiento de la venta de combustibles ilegales, el huachicol fiscal y la adulteración de productos, lo que impactaría negativamente tanto en la recaudación fiscal como en la calidad del combustible que los consumidores reciben.
Los especialistas han advertido que esta situación podría desincentivar la inversión en infraestructura de calidad, fomentar la venta de litros incompletos y generar una competencia desleal entre estaciones de servicio.
En la EMA consideramos que ante un escenario en el que se implementan medidas que pueden distorsionar el mercado de combustibles es fundamental tomar en consideración la expansión de la movilidad eléctrica como una solución a largo plazo con beneficios tangibles para consumidores, operadores de estaciones de servicio y el medio ambiente”, señala la Asociación en un comunicado.
Solución a largo plazo
Según la EMA, la movilidad eléctrica representa una solución integral a los retos energéticos y económicos que enfrenta el país.
Los vehículos eléctricos (VE) y los híbridos conectables (PHEV) permiten a los usuarios desvincularse de la volatilidad del mercado de combustibles, ofreciendo estabilidad financiera y un significativamente menor costo de operación.
Además, al eliminar las emisiones contaminantes, mejora la calidad del aire en las ciudades, beneficiando la salud pública.
En 2024, se sumaron 69,713 unidades eléctricas al parque vehicular de electromovilidad, y la infraestructura de recarga alcanzó los 45,055 cargadores en todo el país.
