Organismos y asociaciones expresan su preocupación y rechazo a la propuesta de crear un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega gestionados a través de plataformas tecnológicas que será  incluido en el artículo 307 del Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022.

 El impuesto genera un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas.

La iniciativa propone la creación de un nuevo impuesto por el uso y explotación de la infraestructura capitalina dirigido a plataformas tecnológicas a través de las cuales las personas contratan la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.

Esto “es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación para la Ciudad de México, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un período complejo como la pandemia. De igual forma, contraviene la política del Gobierno Federal de NO crear nuevos impuestos, así como los acuerdos adquiridos por México ante la OCDE de no establecer más impuestos a la economía digital”, advirtieron las asociaciones.

Un impuesto local por usar las calles no tiene precedente y es inconstitucional, va en contra del principio de equidad tributaria y además es una medida que daña a la economía digital, limitando la creación de valor económico y social, la cual, más allá de beneficiar a los usuarios y consumidores finales los afecta en gran medida.

 Este nuevo impuesto resultará en una modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios y a miles de repartidores que han encontrado en las plataformas digitales un medio de generación ganancias en estos tiempos de pandemia.

Además, aumentará los costos para los comercios, los restaurantes, las plataformas de pago, de logística, de última milla, de venta a domicilio y mercados en línea (marketplaces), entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras. De igual forma, aumentará los costos para el comercio minorista que complementa sus actividades u opera en su totalidad con apoyo de, o incluso utilizando sus propias plataformas, quienes son tratados de manera injusta por dicha propuesta y en general podría desincentivar el crecimiento de este sector que está generando un beneficio para la población por todos los incentivos que ofrece aunado a la creación de nuevas fuentes de ingreso.

La economía digital es un sector clave para la recuperación económica de la Ciudad. La contribución económica y social de esta industria es indiscutible. Este sector ya era una de las actividades económicas más importantes desde antes de la pandemia. A partir del Covid-19, la participación de la economía digital en la economía mexicana ha sido mucho mayor y con más alcance. El nuevo impuesto sin duda alguna afectará la evolución de este sector, impactando directamente en consumidores y personas que encuentran aquí una fuente de ingresos.

Uno de los principales objetivos de las asociaciones firmantes es transmitir la importancia que el internet, la tecnología e innovación y la economía digital tienen para la economía y el bienestar de los mexicanos. “Hacemos un llamado respetuoso al Congreso de la Ciudad de México para valorar los efectos negativos que tendrá este impuesto de manera participativa, transparente y en pleno respeto al marco constitucional”.

Las agrupaciones que firman este desplegado son: la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Asociación Fintech México (FTMX), la COPARMEX Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).