Los organismos cúpula del sector automotriz, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Concamin, reiteraron su rechazo a la aprobación que el día de ayer realizó la Cámara de Diputados a favor de la legalización de vehículos usados de dudosa procedencia.

Esto, derivado de la inclusión de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, que propone al Congreso formular una Ley para regularizar los llamados vehículos “chocolate”, la cual fue rechazada por el Senado de la República al revisar la minuta originada en la Cámara de Diputados.

No obstante, el día de ayer los diputados ratificaron su decisión, por lo que el Senado deberá votar en definitiva su rechazo o aprobación.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, externó su preocupación porque una vez más en la Cámara de Diputados se avaló una decisión que fomenta la ilegalidad.

“Nos parece que decisiones de esa naturaleza cuando estamos tratando de construir un país donde las leyes prevalezcan, donde todos tengamos que obedecer el mandato de la legislación y al mismo tiempo los creadores de las leyes, en este caso la Cámara de Diputados, vuelvan a insistir en la legalización de vehículos, dando la promesa de que esta situación puede ser regularizada en el futuro, nos parece fuera de proporción, de contexto y nos causa preocupación”, explicó.

Por su parte, Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), manifestó que es necesario que los senadores reiteran su negativa a regularizar los vehículos de contrabando, debido al impacto negativo que tendría en el mercado automotor, el cual se encuentra en crisis con resultados negativos durante los últimos tres años.

A ello, se sumaría una disminución de la recaudación fiscal que se causaría si las ventas de vehículos nuevos cayera 30%, respecto al momento actual. Resaltó que sólo el impacto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se dejaría de causar se estima en más de 50 mil millones de pesos.

Asimismo, expresó que la regularización de vehículos ilegales provocaría una baja de hasta 20 mil puestos de trabajo en la red de distribuidores automotrices.

Finalmente, Eduardo Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), ratificó la postura de mantener los espacios de diálogo con el Congreso y el Ejecutivo, para que por medio de los instrumentos jurídicos de los que dispone el gobierno federal se den facilidades administrativas y los vehículos que ingresaron al país sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero, puedan hacerlo cumpliendo los requisitos que marca el Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados.