La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado de Nuevo León (NL) denunció, ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y la Contraloría y Transparencia Gubernamental, posibles irregularidades detectadas en el cumplimiento de contratos de suministro de unidades de transporte público al Instituto de Movilidad Accesibilidad.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, explicó que también se denunciaron las probables alteraciones en la documentación que sustentan los contratos y presuntas faltas administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

En rueda de prensa y sin dar a conocer el nombre de las empresas involucradas, el funcionario estatal explicó que en febrero del 2020 se adquirieron 80 unidades de transporte con el compromiso de entregarse en 90 días, por un monto 256 millones de pesos.

“Se pagó un anticipo de 51 millones de pesos y se otorgó una prórroga para entrega en diciembre, pero se incumple con la entrega de 25 unidades de transporte”, dijo Villarreal.

Irregularidades

“(Entre las irregularidades detectadas) se presume que la autoridad fue omisa en aplicar la pena convencional contenida en el contrato, misma que asciende a 7 millones 94 mil 400 pesos. También se encontró una diferencia entre las unidades contratadas y las efectivamente recibidas, y existe una presunta irregularidad en el otorgamiento de la fianza”.

En otro de los casos, el titular de la Secretaría de Movilidad detalló que en febrero del 2021 se adquirieron 30 unidades de transporte, para su entrega en 90 días y por un monto de 108 mil 348 millones de pesos.

“Se pagó un anticipo de 21 millones de pesos, pero en mayo de 2021 se otorga una prórroga de 200 días la cual se incumple. Ese contrato la actual administración lo rescindió, por lo tanto, se presume que la autoridad incurrió en irregularidades al variar las condiciones de entrega con posterioridad”, recalcó.

“Es decir -continuó-, a los licitantes se les dijo que las unidades debían tener las unidades en 90 días y después de que se asigna el contrato le dan una prórroga de 200 que se incumple, pero seguramente el resto de los licitantes hubiera sabido que tenía 200 días para entregar se hubieran dado otras condiciones en la licitación”.

También, agregó, se presume de la inexistencia de la fianza que garantiza el anticipo y a la fecha no se han restituido los anticipos otorgados ni aplicadas las penas convencionales que correspondían en su momento.

“Son carpetas muy completas para que la autoridad investigadora tenga todos los elementos para hacer su labor”, dijo Villarreal.

Unidades adquiridas en la administración anterior

Por su parte, el director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), José Manuel Valdez Gaytán, señaló que las denuncias se presentan de manera simultánea ante ambas autoridades y se confía que prosperen en ambas vías.

Explicó que las unidades se adquirieron en la administración anterior para brindar servicio de transporte público en las rutas Express.

Valdez Gaytán comentó que los contratos se autorizaron por licitación, pero la administración anterior otorgó prórrogas todo el tiempo que le restaba de su periodo constitucional.

“Cuando nosotros realizamos el análisis nos percatamos de estos dos hechos que nos parecen presuntamente constitutivos de actos delictivos, por parte de proveedores y funcionarios públicos”, concluyó el director del IMA.