El desconocimiento de las Reformas Penales sobre el robo carretero afecta exclusivamente a las empresas de autotransporte que padecen este tipo de delitos, por lo que es urgente involucrarse y centrar la atención en la asesoría de víctimas, en dar seguimiento al proceso, en la prevención y en los actos de investigación.

Erika Bardales Lazcano, maestra en sistema penal acusatorio y juicios orales, señaló que aún está pendiente la aprobación de la Cámara de Diputados a reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que la prisión preventiva oficiosa contra los delincuentes sea válida en el autotransporte, “aunque tampoco es la solución del problema”, precisó.

Ese será un paso más en el camino que han liderado organismos como la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la doctora María de los Ángeles Fromow, ahora es tiempo que las empresas centren su atención en el conocimiento de las leyes y capaciten a su cuerpo legal para lograr el máximo beneficio de las Reformas Penales.

El jurista José Reséndiz Martínez también se pronunció por no dejar que las leyes sean “letra muerta” y se pase a la acción.

Erika Bardales aclaró que la asesoría de víctimas no sólo es para quien padece el hecho delictuoso, sino en beneficio de la empresa misma, ya que abrirá el panorama del poder impresionante que les concede la ley para solicitar actos procesales como son medidas cautelares, aportar datos de prueba, oponerse a que los acusados se vayan a proceso abreviado y salgan libres, entre otras acciones.

Subrayó la necesidad de capacitar al cuerpo jurídico para que pueda representar a la empresa en un proceso completo para lograr una política pública integral de los hechos y atención a las víctimas.

“Poco a poco ayudaremos a ir desmantelando las bandas. Además de velar por la seguridad de nuestros conductores, de la mercancía y de la confianza de la ciudadanía”.