Representantes de la AMDA, AMIA, ANPACT e INA, solicitaron hoy al gobierno federal reconsiderar el tema de la regularización de vehículos usados importados de manera ilegal, toda vez que el decreto inicial del 19 de enero se ha modificado, agravando aún más las condiciones para la industria automotriz formal.

“El decreto fue modificado el día de ayer en seguimiento a las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Rosales expuso que el domingo 27 de febrero se publicó en el Diario Oficial una modificación al decreto del 19 de enero, en la que se agregan los estados de Sinaloa y Zacatecas, a los primeros diez.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Asimismo, se amplía la vigencia de la regularización del contrabando automotriz hasta el 20 de septiembre de este año 2022, originalmente el decreto contemplaba un periodo de regularización hasta el 20 de julio de este año”, señaló Rosales.

Además, ahora el decreto contempla que el propietario del vehículo usado únicamente envíe la documentación requerida y pague los derechos y se tendrá por acreditada la importación ilegal.

“Esto da pausa –continuó Rosales- para poder dilucidar, con toda precisión, que el procedimiento que se está instaurando carece del mínimo elemento de control por parte del estado mexicano”.

“Por ello, reiteramos el llamado desde el sector automotor al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que reconsidere estos escenarios y podamos construir, de la mano con el sector automotor, las mejores formas para poder renovar el parque vehicular, tener mejores condiciones ambientales, por supuesto mejorar la competitividad de nuestra economía y también contribuir a mantener las importantes inversiones y la generación de empleo”, concluyó el presidente de la AMDA.

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Mejorar el transporte urbano

Por su parte, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), coincidió en que este decreto “es contrario a la certeza, a la consistencia en las políticas públicas; es contrario al Estado de Derecho, hay una simetría regulatoria en que, a los vehículos nuevos se les exige dispositivos de seguridad, medio ambiente y a los usados no se les exige nada”.

Elizalde señaló que la importación de unidades chatarra es perjudicial en materia ambiental y en seguridad vial, y añadió: “Hay algo muy importante hay que atender, que son las causas de la importación de estos vehículos ligeros usados y eso, en muchos casos, es una falta de transporte público eficiente”.

“Entonces, para atender una de estas causas necesitamos mejorar el transporte urbano de pasajeros. Si se tiene un transporte de pasajeros eficiente, no se tendría la necesidad de importar este tipo de vehículos”.

Miguel Elizalde dio a conocer que, en el caso de vehículos pesados, “por cada 100 vehículos nuevos que nosotros vendemos, están entrando más de 30 vehículos de manera legal, importados usados, chatarras, es decir, es una cifra muy, muy alarmante. No veíamos desde 2014 una importación de vehículos chatarra tan grande en el país”.

Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Golpe para el sector automotriz

En su oportunidad, Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), rechazó “tajantemente la decisión tomada por incrementar el tiempo” y lamentó la modificación al decreto, “toda vez que esto es un golpe para el sector automotriz mexicano mismo que tendrá repercusiones, no solo en la parte económica sino también en la pérdida de empleo”.

Bustamante afirmó que “el mensaje que se está enviando es legalizar lo ilegal y, peor aún, ofreciendo apoyo a los mismos”.
El directivo reiteró la solicitud al gobierno federal de reconsiderar esta decisión, pues se convierte a México en el patio trasero de Estados Unidos.

José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Rompimiento al Estado de Derecho

José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), recordó que, “como Asociación Mexicana de la Industria Automotriz hemos tendido la mano para dialogar con el gobierno en todo momento, nuestra mano sigue tendida, queremos que sea un trabajo en conjunto, queremos que, en conjunto, veamos lo que es más conveniente para el país”.

“Hacer legal lo ilegal es un rompimiento al Estado de Derecho; el rompimiento al Estado de Derecho es algo que ahuyenta la inversión, recordemos que la inversión lo que busca es certeza del Estado de Derecho, que haya leyes y que se cumplan. En este caso se está privilegiado lo ilegal sobre un mercado legal”, afirmó Sozaya.