El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, lo que permitirá ortorgar “certeza jurídica a las familias que adquieren estos vehículos para su vida diaria”.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente explicó que los 2 mil 500 pesos de cuota por trámites administrativos para la regularización de cada vehículo, quedarán en las entidades y municipios “con el fin de usar esos recursos para el mejoramiento de vialidades”.

“Es importante que la ciudadanía lo sepa, que es una cooperación y que queda para beneficio del municipio o del estado”, señaló López Obrador.

Diez estados contemplados

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recordó el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera aplica para los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, Durango, Michoacán y Nayarit.

Informó que el programa aplica a partir de hoy para vehículos con antigüedad mayor a cinco años que ya se encuentran en territorio nacional y circulan en cualquiera de estas 10 entidades.

La funcionaria reiteró que el trámite tiene costo de 2 mil 500 pesos e incluye el registro en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Añadió que el registro vehicular permitirá compartir información entre los tres órdenes de gobierno para mejorar la seguridad pública y evitar la impunidad.

Señaló que en el país circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera.

Decreto

Cabe recordar que, el pasado 19 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, que permitirá la regularización de vehículos en 10 estados del país.

La publicación argumentaba que la regularización ayudará a disminuir los actos delictivos, pues “el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México”.

La publicación estimó que en el país circulan aproximadamente 2 millones de vehículos de procedencia extranjera de manera irregular y, “para su inscripción en el Registro Público Vehicular, se requiere del apoyo y colaboración de las autoridades federales, de las entidades federativas y los sujetos obligados a realizar las inscripciones”.

Reacción de la industria

Un día después de la publicación del Decreto que legaliza más vehículos usados en 10 entidades del país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) anunció que evalúan medidas legales para evitarlo y lamentaron que el gobierno federal no haya tomado en cuenta su opinión, como lo había prometido.

Es de resaltar que el Decreto no contempla vehículos pesados usados. Al respecto, Virginia Olalde, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reconoció como positivo que no se hayan incluido este tipo de unidades porque, tan sólo de enero a noviembre del 2021, la importación de pesados usados “creció 7.5% que el mismo periodo del 2020, siendo el año con mayor número de importaciones desde 2014”.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, precisó que los vehículos usados a los que se refiere dicho Decreto deben inscribirse al Registro Público Vehicular y que no podrán regularizarse autos que estén relacionados con reporte de robo, y que por sus características técnicas tengan restringida su circulación en el país de procedencia o México.

Virginia Olalde opinó que es relevante que la industria participe en la elaboración de reglas secundarias derivadas de este decreto, especialmente para que los vehículos que se regularicen realmente cumplan los mismos estándares que los comercializados en México.

“Con ello podemos tener una mejor seguridad vial, mejor medio ambiente y un parque vehicular con una edad menor. Nos hubiese gustado tener mayor comunicación con las autoridades; estábamos esperando formalizar el acuerdo para tener un grupo de trabajo, sin embargo no se ha llegado a abrir ese canal de comunicación”, comentó Olalde.