Integrantes del Movimiento Nacional Transportista (MNT, anteriormente Taxista), exigieron esta mañana a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trabajar de la mano con su administración para encontrar las condiciones que permitan rescatar de la crisis en que se encuentran a los concesionarios del transporte público concesionado de la capital.

Los transportistas pidieron piso parejo con aplicaciones, revisión de la tarifa en los servicios individual y colectivo y un programa de regularización de las concesiones para quienes no pudieron ponerse al corriente por la pandemia.

En una rueda de prensa frente a las oficinas de gobierno de la Ciudad de México, dijeron a su titular que “el Movimiento Nacional Transportista, y el gremio en general, le ofrecemos y proponemos unir fuerzas, estrategias, medidas de contención y todo lo que sea necesario y posible, para que juntos hagamos historia y sentemos precedentes en la CDMX”.

Ignacio Rodríguez Mejía, nuevo presidente nacional del MNT, destacó que “el desfase de la actualización de la tarifa tiene un rezago económico de 15 años”, además de falta de incremento en el taxi desde hace nueve años y en el colectivo (microbuses, autobuses de ruta y corredores y Metrobús) desde hace cinco.

Competencia ilegal

Los transportistas señalaron que la carencia de una tarifa acorde con la realidad económica del país, más el parón económico sufrido por la pandemia han propiciado que alrededor de 7 mil colectivos (de los 18 mil que eran hasta 2019) hayan dejado de prestar servicio, mientras que los mismos problemas, más la competencia ilegal de las aplicaciones, han quebrado a más de 80 mil taxistas y hoy sólo circulan 60 mil de 140 mil que eran.

Acompañado por la dirigencia del Movimiento Nacional Transportista en la Ciudad de México, Rodríguez Mejía observó que en momentos de grave crisis económica a nivel local, nacional y mundial, “hemos visto cómo sin una regulación suficiente, las empresas extranjeras continúan aprovechando los vacíos legales para generar ingresos que se llevan a sus países de origen o paraísos fiscales, sin dejar en nuestro país los impuestos correspondientes a su operación, ya que se escudan en los prestadores que coloquialmente llaman socios”.

Por esto, pidieron un piso parejo que consiste en que los vehículos de las aplicaciones sólo puedan trabajar con una concesión y sean sujetos de verificaciones administrativas por el INVEA como les ocurre a ellos en la modalidad del taxi.

El segundo tema que solicitaron a la jefa de Gobierno, es la revisión a fondo de los costos de operación porque ya es necesaria una nueva tarifa para las dos modalidades del transporte.

El tercer punto consiste en solicitar un programa integral de regularización, que permita al gremio del transporte público en la capital, rescatar sus concesiones mediante un paquete económico de condonaciones y simplificación jurídica y administrativa porque “muchas concesiones están paradas desde el inicio de la pandemia”.